Lozada: Violencias, voces y silencios....

Lozada, Mireya (2012) Violencias, voces y silencios. En: Roberto Briceño León , Olga Avila y Alberto Camardiel. En: violencia e institucionalidad. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2012, pp- 263-276.

 

La (in) seguridad constituye hoy el principal problema confrontado por la población venezolana afirman las encuestas(1), mientras las estadísticas muestran la relación violencia/criminalidad y subrayan tanto el vertiginoso incremento como la transformación cualitativa de este fenómeno, particularmente en el ámbito urbano, convirtiéndose en causa de muerte de un importante porcentaje de la población masculina joven en sectores populares, cuyo mundo-de-vida, particularmente la del delincuente violento popular es narrada por Moreno, Campos, Rodríguez y Pérez, (2009).

Son muchas las aproximaciones que desde una perspectiva global, abordan la compleja relación entre violencia de Estado y la exclusión-estigmatización social de las poblaciones urbanas marginales como consecuencia de la crisis fiscal internacional, el desmonte del Estado benefactor, las políticas de ajuste, el desempleo, las migraciones internas en América Latina, el incremento de la economía informal, el creciente deterioro de los servicios públicos, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad; factores con hondas repercusiones en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades latinoamericanas y en el incremento de hechos de violencia como expresiones de relaciones sociales de conflicto, exacerbadas por las extremas desigualdades económicas y políticas. (Camacho y Guzmán, 1990; Hespanha, P y Tavares dos Santos, J, 2000; Del Olmo, 2000, entre otros)

En la actualidad, la mayor parte de los análisis de la problemática en Venezuela, destacan banalizan o evaden las responsabilidades del Estado venezolano durante las llamadas IV o V Republica; privilegian factores individuales, de género o variables socio-económicas; rastrean signos de causalidad histórica y estructural de la violencia, tanto en los regimenes dictatoriales como en los sistemas democráticos del siglo XX; atribuyen el incremento de la inseguridad, a la impunidad, militarización, criminalización de los sistemas penales, corrupción e institucionalización del delito, ineficiencia de las políticas de seguridad, la violación de los derechos humanos, y adicionalmente se alerta acerca del impacto psicológico y consecuencias de la violencia en la creciente anomia social, miedo, rabia, repliegue, desesperanza e impotencia ciudadana.

Pero, además de estas aproximaciones, de los índices de homicidios y otros delitos destacados por los medios de comunicación, que expresan la velocidad sin precedentes de las violencias de carácter social y delincuencial en Venezuela, ¿en qué se diferencia el abordaje de este fenómeno, que en sus diferentes manifestaciones y de manera recurrente ha ocupado en distintos momentos la atención de los analistas en nuestro país y en América Latina?

El fenómeno de la violencia ha quedado atrapado en la lógica maniquea de la polarización y se ha instrumentalizado políticamente, como buena parte de la agenda pública en los últimos años de conflictividad en Venezuela, quedando frecuentemente invisibilizado o utilizado, por sectores políticos y/o mediáticos, el sufrimiento de las victimas y sus familiares. La compleja dimensionalidad objetiva y subjetiva de las violencias, expresada en significados, objetos, modalidades, sujetos, impacto, etc., y su necesaria comprensión multidisciplinaria, se reducen en la simplificación y estrechez perceptiva que demarca la polarización (Lozada, 2008).

El horror de la violencia, expresado en pérdida de vidas, mutilación y sufrimiento, índices y cifras; fotos, lagrimas y testimonios que reflejan el incremento y crueldad de los delitos y la incapacidad gubernamental para combatir la delincuencia común y crimen organizado, han conseguido atemorizar a la sociedad, mientras las autoridades gubernamentales banalizan, eluden o niegan el problema, argumentando su utilización política (2), y los medios se han sumergido en una vorágine informativa, sin revisar a profundidad los retos y responsabilidades éticas que implica informar sobre esta problemática en el actual contexto.

(In) seguridad, violencia y medios: entre ruidos y silencios

Las autoridades gubernamentales: gobierno central, estadales y municipales, disponen de los instrumentos del Estado y su capacidad para respetar y hacer cumplir la constitución, garantizar la seguridad ciudadana y administrar justicia bajo el estricto respeto a los derechos humanos. Sin embargo, son estas mismas instancias quienes la irrespetan, con la complicidad de organismos judiciales, policiales y militares, quienes en muchas ocasiones se constituyen en obstáculo, amenaza o riesgo para la integridad física y psíquica de los ciudadanos.

Incumpliendo el mandato que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 51 y 143, mediante los cuales se establece a todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas la obligatoriedad de dar respuesta oportuna y adecuada a las peticiones de toda persona, el Estado venezolano ha extendido la política de no conceder acceso a la información, especialmente referida al tema de la violencia, contraria al discurso que dice promover una democracia participativa y protagónica para estimular la contraloría social (Provea, 2009).

Entre las pocas referencias oficiales al tema de la seguridad y las acciones emprendidas, destacan las opiniones de la secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía, Soraya El Achkar (2010) quien señala que hasta la fecha de los 138 cuerpos de seguridad que operan en el país, se han implementado en 82% las políticas de estandarización en cuanto a funcionamiento y organización, recomendadas por la Comisión Nacional para la Reforma Nacional (Conarepol), Comisión que se instaló en 2006 y fue ampliamente validada por la consulta ciudadana (3).

Con respecto a la práctica del silencio y la limitación de acceso a la información pública que se ha hecho corriente en el manejo de otras problemáticas sociales en los espacios gubernamentales y se exacerba en el tema de la inseguridad, apunta Gabaldón (2007,100): “Las políticas de control de la seguridad ciudadana, confianza pública, criminalidad no han encontrado un marco para la discusión entre actores de diversos niveles de la administración pública, observándose una tendencia al recelo y al ocultamiento de información y datos que podrían ser utilizados para ataques con fines políticos. El tema de la seguridad atraviesa, pues, por una especie de limbo (4), sin discusión democrática y sustentada, donde la acción gubernamental se ejerce sin mayor información y sin mecanismos de consulta ni rendición de cuentas”.

Como bien nos recuerda Del Olmo (1975, p. 296) parafraseando a Skolnick, la violencia es un “término ambiguo cuyo significado es establecido a través de procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían de acuerdo a quién suministra la definición y quién tiene mayores recursos para difundir y hacer que se aplique su decisión”.

Así, el silencio oficial, la desarticulación y descrédito institucional, la ausencia de espacios políticos de debate de la agenda pública y negociación de los conflictos; la política-espectáculo en medios públicos, privados y comunitarios; el pánico colectivo, constituyen una superficie de inscripción privilegiada, donde la tríada medios-violencia-mercado encuentra campo fértil. “Los medios, están devorando la capacidad de comunicación que no puede vivirse en la calle”, afirma Martín Barbero (2000, 32), mientras García Canclini (2001) se pregunta ¿hasta cuando los medios viven de los miedos?

En la hora crítica que hoy vive México en el tema de la violencia, la revista Etcétera plantea el debate: “los medios no son por sí mismos los únicos responsables del problema de que la sociedad demande una información ausente de estándares y contextos democráticos y éticos, pero los medios tendrían que hacerse responsables de su rol y su rol es dar información que respete los derechos, como el derecho a saber” (López Portillo, 2008, 17).

Reconociendo que los medios no son responsables de la violencia que se vive, y a propósito de las responsabilidades éticas de la cobertura mediática de la violencia, delincuencia e inseguridad, comunicadores de esta Revista se plantean una serie de cuestionamientos y propuestas que pueden ser útiles en el contexto venezolano:

1.            Filtración de datos que llegan a las redacciones y ponen a riesgo las investigaciones en curso, la integridad de testigos e involucrados directos- indirectos en indagatorias; o ponen en peligro y sometan a escarnio a inocentes.

2.            Filtración de datos que llegan a las redacciones y ponen a riesgo las investigaciones en curso, la integridad de testigos e involucrados directos- indirectos en indagatorias; o ponen en peligro y sometan a escarnio a inocentes.

3.  Publicación de imágenes estereotipadas de “presuntos” delincuentes que son presentados como si fueran criminales ya juzgados.

4. Profusión de imágenes de las madres y familiares deshechos en llantos, irrespetando el derecho a la privacidad y duelo que supone la pérdida de seres queridos.

5. Publicación de hechos marcados de sensacionalismo, carentes de investigación y elementos de contexto (5).

6. Difusión de mensajes que contribuyen a exaltar el miedo y la rabia, que refuerzan la impotencia o las reacciones de venganza.

7. Carencia de definiciones editoriales precisas sobre el comportamiento de los medios frente a la violencia.

8. Necesidad de mesura, prudencia, puntualidad y respeto a la dignidad de las victimas al momento de informar.

9. Definición de criterios éticos en el manejo de datos producto de filtraciones y protección a los reporteros que cubren la fuente.

10. Revisión autocrítica a la labor comunicacional que va más allá de ser “espejos” o “cajas de resonancia” de la realidad, sin aventurar hipótesis, ni magnificar o menospreciar los hechos ocurridos.

11. Evaluar los limites entre información socialmente útil y escándalo mercantilista

12. Evitar la apología del delito y volverse tribuna de los grupos infractores que buscan publicidad

13. Informar de los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de las victimas de la delincuencia y sus familiares.

14. Mantener y exigir el respeto a la dignidad de las victimas y familiares

15. Asumir la responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa

15. Definir códigos de ética que ofrezcan herramientas a los reporteros para abordar los cada vez más agudos y crueles hechos de violencia

16. Definir criterios de lenguaje que no suponga la condena anticipatoria de personas

17. Creación de redes de protección de reporteros para que éstos puedan realizar su trabajo, dadas por una parte, las amenazas del crimen organizado y por la otra, la censura estatal (Etcétera, 2008,11-21).

El debate es ineludible…

Impacto psicosocial e impunidad: de los otros silencios

El impacto psicosocial de la violencia tiene un carácter individual y colectivo. Martín Baró (1990) habla del trauma psíquico, como la metáfora de la herida, un daño y sufrimiento particular producido en la vivencia personal de la violencia; pero también de un trauma social que se refiere al impacto y significado colectivo de estos hechos en las dinámicas de grupos y comunidades.

El grave problema social y de salud pública que constituye la violencia a nivel nacional, regional y global, genera un profundo impacto psicosocial:

1. Altera negativamente la posibilidad y condiciones de vida de las personas, familias y comunidades (sufrimiento, desplazamiento, pérdidas económicas, desintegración social).

2. Genera dolencias orgánicas y psicoafectivas (dolor, miedo, rabia, incertidumbre, inseguridad, impotencia) que afectan el desempeño y funcionamiento cotidiano.

3. Produce fragmentación familiar por las pérdidas, cambios en su estructura y relaciones

4. Reduce las actividades recreativas y de esparcimiento en espacios públicos debido a la inseguridad y al clima de tensión imperante.

5. Fragmenta el tejido social, por el incremento de la desconfianza y miedos colectivos

6. Desconfigura valores y símbolos socialmente construidos

7. Contribuyen a exaltar una cultura heroica, de violencia, de trauma y gloria que afecta la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos

8. Legitima la polarización y la violencia como mecanismos de poder y control social

Como vemos, el sufrimiento ético-político (Sawaia, 1989), que deriva de esta vivencia cotidiana de la violencia, requiere de un análisis que trascienda la visión patologizante con énfasis individual y reconozca tanto las realidades histórico-culturales, como las experiencias colectivas implicadas. Exige una mirada que trascienda la visión que considera a los afectados como víctimas de trastornos psicológicos y físicos, reconociendo el "trauma" en las características funcionales u orgánicas de cada individuo. Al centrarse en los estados internos y reducir los procesos psicosociales a síntomas individuales se niegan las realidades históricas, culturales y políticas y la naturaleza colectiva de las experiencias de violencia.

El impacto de la violencia y las violaciones de derechos humanos no son solamente una suma de efectos individuales sino que afectan estructuras, liderazgos, capacidad de funcionamiento grupal y símbolos colectivos. Para Martín Beristain (2010, 27) estos efectos colectivos se dan especialmente cuando la violencia y las violaciones de derechos humanos han tenido un carácter masivo, afectando a numerosos grupos sociales; a personas significativas de una sociedad o comunidad (líderes sociales) y fragmentado o destruido comunidades (masacres, p.e), instituciones o lugares simbólicos.

Las situaciones de conflicto político, polarización y violencia socio-política vividas en Venezuela en los últimos años, y su significativo impacto social han favorecido la naturalización y legitimación de la violencia. Se trata de un proceso traumático de cambios que trastoca la vida de la población, la cual asume como normal, natural o habitual lo que no lo es. Ante la avalancha de sucesos de agresión, muerte y destrucción material o simbólica se transforma en cotidiana la convivencia con la violencia y en este proceso de internalización, se transforma tanto la identidad del individuo como sus relaciones sociales.

En este proceso cada sector, según sus propias vivencias o la información que obtenga (medios, rumores, etc) construye su concepción de lo que ocurre, alimenta los imaginarios del miedo, incrementa sus hermetismo como colectivo y percibe a las personas o grupos externos como amenaza. El temor a ser agredido, genera una angustia que transforma el actuar del grupo o la persona llevándolo a defenderse o atacar para “salvarse”, donde el lema explícito o implícito es: “el Otro es el enemigo” (Lozada, 2004).

Esto se ve agravado por la distorsión de atribución: a la otra parte se le atribuyen la peor de las intenciones y las acciones desmedidas suyas o de su grupo, se perciben invariablemente como respuestas a las amenazas o agresiones del contrario. En fin, se justifican las propias acciones violentas (p.e.: armarse o buscar instrumentos de defensa ante el posible ataque) como respuesta a la violencia que se anticipa, la que desencadena el miedo.

En este proceso de naturalización y legitimación de la violencia, tanto instituciones estatales como distintos sectores sociales, pueden llegar a justificar la violación de los derechos humanos, la ejecución de homicidios, torturas, juicios populares, golpes de Estado y la guerra puede convertirse en un fin en sí misma.

Paralelamente, al proceso de habituación (6) y desensibilización(7) frente a la violencia, se produce la transformación de valores como solidaridad, justicia, esperanza, paz, verdad, confianza, dignidad por aquellos contrarios que se cree permiten alcanzar el equilibrio y supuestamente mantener la persona a salvo.

En este contexto de violaciones de derechos humanos, de expresiones masivas de descontento, aunado a la percepción de inutilidad de las formas de manifestación cívica y de creciente impunidad de la cual da cuenta reciente el Informe del Observatorio Venezolano de Violencia (Briceño-León, OVV),8, se cierra el espectro de perspectivas no violentas y la desesperanza respecto a las vías pacíficas y democráticas de resolución de las problemáticas sociales y políticas. El incremento de la desconfianza en el sistema democrático, es quizás una de las más graves consecuencias que produce la impunidad, además de otros efectos sociales (Sveass, 1995) 9:

1. Fractura el tejido social e irrespeta los valores éticos que construyen la convivencia ciudadana

2. Socava la memoria histórica, al negar la historia de las victimas e impedir el reconocimiento público de los hechos

3. Viola los derechos humanos de las victimas y sus familiares

4. Disminuye la capacidad social para reivindicar sus derechos

5. Estimula la búsqueda de la justicia por cuenta propia

6. Incrementa las posibilidades de acción de la delincuencia, pues no hay sanción a los responsables.

7. Favorece la corrupción de los cuerpos de seguridad del Estado y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

8. Deslegitima al Poder Judicial por no cumplir con su deber de administrar justicia

La lucha contra la impunidad supone un largo y difícil camino que requiere el reconocimiento público de la problemática y la adecuada conducción legal de procesos que favorezcan la administración de justicia, bajo la perspectiva de la defensa integral de los derechos humanos. Sin embargo, puesto que el sistema judicial no ofrece garantías mínimas debido a su politización, corrupción y burocracia, los procesos judiciales suponen también un conjunto enorme de obstáculos que las víctimas y sus familiares tienen que enfrentar. Desde probar los hechos hasta identificar a los culpables, desde cumplir escrupulosamente los procedimientos lentos y complicados hasta hacer frente a la complicidad o el desprecio de victimarios, jueces y abogados. Como apunta Martín Beristain (2010) este campo enfrenta nuevos desafíos: tanto articular denuncias con procesos personales y colectivos, como acompañar los esfuerzos de las victimas y defensores, al tiempo que se manejan las implicaciones y costos de esta lucha por la vida y la justicia.

Diálogo y voces en democracia

En fin, la violencia está allí, evidente, escondida, latente, como fenómeno eminentemente histórico, en tanto que condiciones sociales, económicas, políticas y culturales han contribuido a su construcción y sustentan su mantenimiento. Nuestra memoria social lleva el registro.

¿Qué puede hacer el ciudadano sin protección pública, que ve el enemigo por todas partes? “Una manera de contar el miedo ante la violencia social es acercarse al espacio de las ciudades y tratar de leerlo como un texto; un texto con omisiones, repeticiones y personajes, con diálogos, suspensos y sus puntos y comas, un texto escrito por los cuerpos de los habitantes sin poder leerlo” (Rotker, 2000,7).

El relato del miedo se cuenta en cifras, se trata de contarlo también en voces, relatos, imaginarios. Se trata de romper el silencio impuesto por la violencia que impide, en medio de un clima de impotencia y tristeza, la construcción colectiva de significados y fractura el vínculo social, que repliega y construye las ciudadanías del miedo. Al nombrar la violencia, se nombra algo más, tácita, secretamente: al pronunciar la violencia se pronuncia en silencio otro nombre, el de lo intolerable. …Lo intolerable no es la simple negación o la simple imposibilidad de lo tolerable, es lo radicalmente ajeno a toda definición de tolerancia, cuando la vida, en esos territorios ha dejado de reconocerse como humana” Mier (1999, 364).

Decir, relatar, nombrar, denunciar, ofrecer testimonio y reconstruir humanamente la historia es oponerse al olvido y comprender el presente. El diálogo colectivo construye memoria y fortalece el tejido social. La experiencia vivida, el sufrimiento padecido, los caminos andados, las salidas encontradas resisten la imposición del silencio, de la censura. “El silencio confecciona el olvido, con un elemento central: el poder que lo impone. No hay silencio que manufacture al olvido social sin poder de por medio. Y con ello se forja el presente” (Mendoza, 2009,149).

Decir, dialogar, debatir las violencias que se extienden y agudizan, supone entonces re-conocerlas en sus distintas expresiones -reales o simbólicas-, variados actores -que nos incluye- y multiplicidad de espacios donde hace estragos (escolares, familiares, comunitarios, carcelarios, mediáticos, militares, policiales, políticos, etc.). Obviamente, el diálogo exige como condición la democracia y también superar la dicotomía mutuamente excluyente: nosotros-ellos que divide el país, empobrece el debate público y elude la generación de propuestas alternativas (10). Se trata de apostar a la reflexión crítica contra la banalización del mal propio de los sistemas totalitarios, cuyo principal efecto para Arendt (1999) es “detener el funcionamiento de las conciencias”.

Solo en democracia, desde su crítica y profundización pueden favorecerse los procesos mediadores, los diálogos y los consensos sociales que permiten la búsqueda de soluciones a la grave problemática de violencia, crisis socio-política y económica que confronta nuestro país. Se trata de un ejercicio permanente de resistencia, de ciudadanía activa, crítica y solidaria en distintos espacios públicos, que se distancie del discurso de desesperanza e impotencia que caracteriza la soledad cívica, que asuma la responsabilidad de trabajar por la defensa de nuestro derecho a la vida, equidad, justicia, seguridad y paz.

Tiempos de asumir el desafío histórico de la política entendida como vivencia cotidiana, de asumir nuestro mayor desafío ético-político: desarrollar acciones ciudadanas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento del otro y la abdicación a la violencia, que garanticen la preservación de espacios de convivencia pacífica y democrática. Tiempos para recrear y re-significar el imaginario nosotros, con sentido y norte de futuro común.

 

Notas finales

1.    “En agosto 2010, entre los principales problemas que confrontan las comunidades, la Encuestadora Seijas reporta la Inseguridad (83.8%), como “respuesta espontánea”. Esta inquietud ciudadana era destacada igualmente en el año 2009 en el Informe Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008 (Briceño-León, Avila y Camardiel, 2009)

2.    “En qué cabeza cabe comparar la dimensión de la violencia desatada en Irak, producto de una invasión genocida, donde el llanto de los sobrevivientes no alcanzará, jamás ni nunca, para aplacar sus penas, con el problema estructural de la inseguridad en nuestro país, originado por las brutales desigualdades que heredó nuestro gobierno, y que hoy estamos enfrentando con la mayor firmeza y rigor; desde una visión preventiva y no represiva. Pero evidentemente no se le puede pedir un mínimo de objetividad a cierto periodismo de baja estofa que no hace sino acentuar el amarillismo más grotesco”, opiniones expresadas por el Presidente Hugo Chávez , en su columna: “Las líneas de Chávez”. Ultimas Noticias, (29-8-2010 p. 13).

Estas opiniones forman parte de la polémica suscitada en torno a la publicación de una foto tomada en diciembre 2009, que muestra cadáveres de seres humanos, desnudos, en el piso y en camillas de la sede de la Medicatura Forense de Caraca, que ocupó casi toda la primera página -tamaño estándar- del Diario El Nacional en su edición del viernes 13 de agosto 2010. El fallo del Tribunal 12 de Primera Instancia en Mediación y Sustentación de Protección al Niño, Niña y Adolescente en contra de los diarios El Nacional y Tal Cual (quien reprodujo posteriormente la fotografía) ordenó una prohibición indefinida de publicar “imágenes con contenido de sangre, armas y agresiones físicas, que aticen mensajes de guerra y decesos, que puedan alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes”. Posteriormente ante la reacción de rechazo nacional e internacional, dicho Tribunal revocó parcialmente la medida contra los citados diarios, por lo que podrán publicar información y publicidad relacionada con temas de violencia, manteniéndose la prohibición a la publicación de imágenes de este tipo.

3.  El modelo de policía surgido con ocasión del trabajo de la Comisión Nacional para la Reforma Policial que contó con la participación de distintas Universidades, especialistas y organizaciones de derechos humanos, “desestima cualquier carácter militar de la policía general y enfatiza el principio de competencias concurrentes entre cuerpos de policía nacional, estadales y municipales, conforme a los principios de territorialidad de la ocurrencia situacional y de complejidad, intensidad y especificidad de la intervención requerida, a fin de facilitar la sinergia en el trabajo policial, fomentando, por otro lado, la rendición de cuentas y el control ciudadano” (Gabaldón y Antillano, 2007, 237-250).

Según los datos ofrecidos por Soraya El Achkar (Prensa YVKE Mundial/ AVN, Viernes, 27 de Ago de 2010), en el plan piloto implementado en Catia por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el oeste de Caracas, “se han registrado reducciones de 60,61% en los delitos de homicidio, 58,49% en robos, 47,10% en lesiones y 66,67% en violencia de género”.

 4 En el contexto de polarización actual, y ante el silencio, evasión o negación oficial de la información pública, se ha hecho práctica común de diversos medios de comunicación, recurrir a “fuentes confiables”, o referir información “oficial” no divulgada, obtenida en “exclusiva”. La filtración de fuentes, de los organismos policiales, ha permitido la divulgación vía Internet de violentas imágenes (la escena del crimen de Carolina Viera de Valero, del cadáver de Edwin "Inca"

Valero, entre otras). A través de diversas páginas Web, redes sociales y telefonía celular grandes sectores de la población han consumido y reproducido sin sentido crítico y con cierto morbo dichas imágenes. Zillmann y Bryant (1996) ofrecen explicaciones de esta atracción hacia la violencia.


5 “La violencia es la forma más profunda de la frivolidad, es el contenido de la superficialidad…Entre los objetos que ejercen atracción violenta, se encuentra la violencia misma…Ciertamente, las ejecuciones de secuestrados, así como las de narcotraficantes, no parecen tener como único fin quitar de enfrente al de enfrente, sino promover un espectáculo que no sirve tanto de escarmiento como de estimulo para que la venganza llegue con mayor espectacularidad, que en este caso es mayor cantidad de sangre regada para las fotos, no ya de la sección policíaca, sino de las primeras planas, lo cual es un logro nada desdeñable…” Fernández Christlieb (2008, 26-33)

6. El fenómeno de “habituación a la violencia”  (género, mediática, escolar, etc.) ha sido suficientemente abordado desde distintas aproximaciones. Penalva (2002) aborda el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación y Antón, (1998) ofrece algunas herramientas de competencia cultural para una aproximación crítica a la misma. Ver también: http://www.fss.uu.nl/mc/nl/onderzoek/unesco.htm

7 “La palabra “estética” proviene de “sensibilidad” y así, estética es lo que se siente…..Paradójicamente, si se quiere, la estética más atractiva e impactante se hace progresivamente insensibilizadora de tan fuerte y tan tupido que pega, así que, en vez de hablar de una estética de la violencia que de bonita no tiene nada, que no sensibiliza sino que desensibiliza, resulta más adecuado hablar de una anestética de la violencia, que consiste en el adormecimiento o atrofia de la sensibilidad fina merced a tantas expresiones burdas y al hecho de que cada vez tienen que ser peores” (Fernández Christlieb, 2008, 31)

8 El informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), “Una década de impunidad en Venezuela (1998-2009)”, revela que un total de 16.047 homicidios se registraron en 2009, en los que se determinan como principales causas de dicha criminalidad la impunidad y la corrupción.

9 Provea ofrece un análisis detallado de sus consecuencias: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/informe_especial.htm

10 “La polarización social, que parece erigirse y extenderse como mecanismo de poder y control socio-político a nivel mundial, tiene profundas consecuencias: fractura el tejido social; territorializa el conflicto y destruye espacios de convivencia social; afecta relaciones y dinámicas familiares, laborales, comunitarias, institucionales; obstaculiza el manejo democrático y pacifico de los conflictos; contribuye a incrementar la escalada de violencia social y política; genera un fuerte impacto psicosocial; produce daños patrimoniales y urbanos; naturaliza y legitima la violencia social; estimula la adquisición de armas por parte de la población; reduce las actividades recreativas y de esparcimiento en espacios públicos debido a la inseguridad y al clima de tensión imperante; construye representaciones del conflicto y sus actores sobredimensionadas mediáticamente, invisibiliza la histórica y compleja causalidad estructural de los conflictos socio-políticos (violencia, exclusión, pobreza, desempleo, corrupción, agotamiento del modelo político tradicional, p.e); privilegia la gestión del conflicto y su solución en los actores políticos en pugna, excluyendo al resto de los sectores sociales, y constituye un eficaz mecanismo de poder y control social y político” (Lozada, 2008, 89-109).

 

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