EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA, SEGÚN ROBERTO BRICEÑO LEÓN

Tomado de A. Sanabria de Facebook, 8/01/2014



Hasta 1988 las muertes violentas en Venezuela no superaban los 1.600 casos por año y la tasa máxima había sido 9 por 100.000 hab. Desde febrero de 1989 los homicidios han venido creciendo sin control. Venezuela está hoy entre los países más violentos del mundo.

ETAPAS DE LA VIOLENCIA

Roberto Briceño León estructuró el tema de la evolución de la violencia en Venezuela, desde la perspectiva de la relación entre el número de homicidios y los cambios experimentados por la institucionalidad venezolana, en tres etapas de su evolución.

La primera etapa corresponde a la crisis institucional ocurrida entre 1989 y 1993. Esta etapa se inicia con los sucesos del llamado Caracazo –revuelta popular, enfrentamientos entre los pobladores y represión del Ejército–. Estos hechos generaron la trágica experiencia de muertes masivas, a partir de las cuales se modificaron las tendencias de crecimiento de los homicidios que, hasta 1988, no superaban los 1.600 con una tasa máxima de 9 por 100.000 habitantes.

El saldo de las víctimas fatales resultante de los mencionados sucesos, sumó 2.513 fallecidos y la tasa se ubicó en 13 por 100.000 habitantes, manteniéndose desde entonces y hasta 1991 un nivel similar de la tasa de homicidios.
Para Briceño León, el Caracazo significó la pérdida de vigor de las normas sociales que hasta ese momento habían regido la vida urbana del venezolano y con ello, la ruptura de una parte importante del pacto social.

Tres años más tarde, la crisis institucional se profundiza con los intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992. Éstos, a diferencia de la explosión civil de 1989, fueron alzamientos de militares armados y las armas fueron disparadas contra otros venezolanos.

Durante ese año, la cifra de homicidios ascendió a 3.336 y la tasa paso a 16 por 100.000 habitantes.
“El mayor impacto de estos acontecimientos fue el desmoronamiento institucional que provocó cambios significativos en el pacto social: la instauración de la violencia como herramienta para alcanzar las metas individuales, la banalidad de las leyes y las normas sociales, y el desprecio por las reglas del juego político y social”, expresa Briceño León.

En 1993, por primera vez, se cometieron en el país 4.292 homicidios y la tasa ascendió a 21 por 100.000 habitantes. En esos años un Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, fue juzgado y destituido, los partidos políticos perdieron fuerza y el desconcierto institucional se apodero del país. La población se mostraba temerosa todo el tiempo esperando una nueva asonada militar en cualquier momento.

POR LAS CAUSAS PERDIDAS

El Gobierno interino de Ramón J. Velásquez (1993) inició un esfuerzo por salvar la institucionalidad del país, mediante el fortalecimiento de las instancias políticas y administrativas regionales; esta fase de rescate institucional se profundizó entre 1994 y 1998.

Durante este período el Gobierno procuró estabilizar el país y recuperar la institucionalidad y la tranquilidad que se había perdido. Sin embargo, el Gobierno de Velázquez tuvo que enfrentar, por un lado, la crisis bancaria que se inicia a comienzos de 1994 y , por otro, el aumento de los homicidios –441 respecto año anterior–, alcanzando éstos a 4.733, con una tasa de 22 por 100.000 habitantes.

En ese ejercicio presidencial se logró detener el crecimiento de los homicidios a pesar de que como señala Briceño León “la legitimidad de la división social y la norma de respeto al otro habían sido rotas con El Caracazo, la legitimidad política se había hundido con los dos golpes de Estado y la destitución del Presidente” y de que, en febrero de ese año, había explotado la mayor crisis bancaria del país. Para fines de 1994 se registraron a 4.530 muertes violentas –203 menos que al inicio– y la tasa fue de 20 por 100.000 habitantes. Esto, en medio de la turbulencia de los años precedentes significó que el Gobierno había logrado el propósito de recuperar la institucionalidad.


SUBEN LAS TASAS ...BAJA LA MORAL

El período comprendido entre 1999 y 2010 lo define Briceño León como la fase de destrucción institucional.
Luego de cuatro años de estabilización de las tasas de homicidios que logró el Gobierno de Velázquez, en 1999 se registraron 5.968 muertes violentas (1.438 más que el año anterior), con una tasa de 25 por 100.000 habitantes. Para 2000 el número de fallecidos se elevó a 8.022; en 2001 se mantuvo casi igual con 7.960; en 2002 vuelve a incrementarse la tasa de homicidios y llega hasta 9.617, para cobrar mayor impulso en 2003 y alcanzar la trágica cifra de 11.342 víctimas de homicidio.

Entre 2004 y 2005 hubo un ligero descenso de la mortalidad homicida (de 9.964 a 9.719, para una tasa de homicidios de 37 por 100.000 habitantes). Sube otra vez en 2006, año cuando se registraron 12.557 víctimas de homicidio con una tasa de 45 por 100.000; siguiendo la espiral de crecimiento por tres años consecutivos: En 2007 (13.000 homicidios con una tasa de 48 por 100.000 habitantes); en 2008 (14.000 homicidios); y en 2009 (reflejada por Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana) fue de 19.000 homicidios con una tasa de 75 por 100.000 habitantes. Y aunque en 2010 desciende ligeramente y según el Observatorio Venezolano de Violencia, se ubicó en 17.600 homicidios para una tasa todavía muy elevada de 57 por 100.000 habitantes.
Para Briceño León la explicación a este aumento desmedido de la violencia está en la institucionalidad.

Desde el mismo momento de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez, se produjeron diferentes eventos que trastocaron los esfuerzos de rescate y estabilización de la institucionalidad que, aunque frágilmente, habían dado resultados esperanzadores.

“El acto mismo de posesión, en el que el Presidente electo aceptaba y no aceptaba la legalidad que lo había investido de primer mandatario y juraba ante la moribunda constitución; seguido de un discurso en el que afirma que si alguien tenía hambre podía y era legitimo robar. Produce un quiebre normativo de profundo impacto social.” (Briceño León,.”Tres fases de la Violencia”, Foro Debates IESA)”.

A esto se adiciona el conflicto político de 2002 y 2003 –los despidos de empleados públicos; la renuncia y el regreso del Presidente; el paro nacional de trabajadores y de PDVSA, y la paralización del país–, que contribuyeron a la desarticulación del pacto social.

Pero, además, se debe recordar que durante todo el período, la política de seguridad ciudadana ha consistido en evadir la represión del delito y, tratando de evitar los excesos policiales, desarmó a las policías.

La consecuencia ha sido el debilitamiento de la política de seguridad ciudadana, porque al haberse eliminado el elemento coercitivo las policías quedaron prácticamente inhabilitadas, por lo tanto disminuyeron las detenciones, se trastornaron los procesos judiciales y aumentó la impunidad del crimen.

Briceño afirma que en 1998 “por cada cien homicidios se realizaron 118 detenciones. Esa cifra bajó drásticamente y para los años 2006, 2007 y 2008 hubo apenas nueve detenciones por cada cien homicidios.” (ver Observatorio Venezolano de Violencia, 2010).

Esto significa que “en 91% de los homicidios no hubo detención y por consiguiente no hubo un proceso judicial y mucho menos una condena.” (Observe las cifras de homicidios para esos años).

Finalmente cabe agregar que durante esta fase, se popularizaron los mensajes de elogio a la violencia, a la muerte, a las armas y a la guerra. Mensajes que fueron difundidos por personas investidas de autoridad y fueron repetidos masivamente. De modo que se debilitaron los mecanismos de solución pacifica de conflictos y , en su lugar, quedó fomentado el uso de armas, la fuerza y la violencia, como comportamiento, forma de comunicación, estrategia de negociación y de arreglo de conflictos.


1) La estrecha colaboración entre el gobierno nacional y el gobierno local, que implicó la creación de instancias y programas de concertación, coordinación y aprendizaje con miras a atender el problema de la inseguridad en la ciudad;
2) La aplicación de una estrategia centrada en la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Esto llevó a organizar y ejecutar una serie de operaciones militares y programas de desmovilización y desarme de los grupos armados en la ciudad a comienzos del siglo XXI, con el objetivo de “retomar” la ciudad y contrarrestar los concurrentes episodios de violencia;
3) La constante inversión en la modernización y transformación de los organismos de seguridad y justicia, específicamente inversiones en personal y tecnologías, en dotación de infraestructura, armamento y transporte y, en propiciar una relación de confianza entre los organismos de seguridad y la comunidad; y
4) La conquista y dignificación de los espacios públicos para la ciudadanía, específicamente aquellas zonas de la ciudad que habían estado ocupadas y sometidas durante muchos años por grupos armados."


(Tomado de: “Seguridad ciudadana en Venezuela ¿Por qué no?”. VenEconomía Mensual / Noviembre de 2011. isponible en: http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp7100_5505.pdf)