Una entrevista de Vanessa Davies con Alejandro Moreno publicada en El Correo del Orinoco.

por: Vanessa Davies


En el país hay una subcultura de malandros para quienes matar da prestigio y poder.

El psicólogo, director del Centro de Investigaciones Populares, teme que esos grupos de muchachos entren en conexión unos con otros y se conviertan en un poder. Asegura que no se puede intentar explicar la violencia criminal solo con el argumento de la pobreza y la exclusión

La discusión sobre la violencia criminal en Venezuela encuentra a Alejandro Moreno en su oficina y con sus armas en la mano, listas para ser desenfundadas. Armas que no son pistolas ni subametralladoras, sino libros, ideas, estudios y razonamientos. Y en su oficina en Caracas, este psicólogo, filósofo y teólogo, fundador y director del Centro de Investigaciones Populares, dispara argumentos -en conversación con el Correo del Orinoco- que pueden ser tan duros como proyectiles y que tienen como blanco a la sociedad, el Gobierno y el Estado.

Moreno alerta que las bandas de muchachos de no más de 25 años de edad se han convertido en una subcultura de hombres dispuestos a matar porque matar es poder y es un acto placentero para ellos.

Aun cuando considera que se puede hablar de crímenes atroces, señala que el asesinato de la actriz Mónica Spear y de su esposo, Thomas Berry, que ha levantado una polvareda nacional e internacional, “no es de lo más atroces; más bien es casi común”, porque los delincuentes “interfieren el desplazamiento de un vehículo y disparan”. Eso “está sucediendo abundantemente”, y según sus estimaciones, se volvió cotidiano desde hace cuatro o cinco años; el año 2013 “ha sido muy abundante en esto, lo que me hace temer que 2014 puede ser peor”.

Su preocupación es evidente al analizar que “hemos entrado en una espiral de lo que yo llamo los crímenes sin suficiente motivación. Hay crímenes con motivación banal: le dieron un pisotón, sacó la pistola y disparó”. Es “una motivación banal y perversa, porque por supuesto que ninguna motivación es justa en este caso, pero hay los que no tienen motivación, y lo que estamos descubriendo es que disparan y matan por matar”.

Con base en su conocimiento, advierte que se está formando “un grupo humano, con su propio mundo de vida, al margen de la forma de vida y del mundo de vida de la sociedad”, ya que “desarrolla sus propios valores, desarrolla sus propia manera de entender la realidad y de reaccionar ante ella, de buscarse los bienes”. Maneras que están “completamente fuera de lo aceptado en la convivencia social de la gente”.

Moreno ya lo había enunciado en la investigación Y salimos a matar gente: “El delincuente estructural ha convertido la violencia en su forma de vida, en una forma de vida”. Pero en ese momento lo había analizado como un fenómeno de los sujetos: “No se nos había presentado todavía como un fenómeno grupal”.

Aclara que son “grupos de panas”, que tienen “cierta jerarquía de prestigio”. Y asegura que es una subcultura, entendida como “la manera que tiene un grupo humano de habérselas con la humanidad”. Un grupo se comunica con otro, “y tienen la misma forma de vivir la vida”.
Moreno precisa que estos delincuentes violentos no son enfermos ni tienen daño cerebral o psicológico de por sí, pero sí están en una subcultura y tienen libertad de decisión. Va aún más allá: Esas personas “saben lo que hacen, quieren lo que hacen y lo comparten todos. Todos tienen el mismo punto de vista”. Por ahora, analiza, “son grupos aislados”, pero “en el futuro pueden conectarse y se pueden convertir en un poder”.

A FUEGO LENTO

El investigador sostiene que esa subcultura “se ha ido formando lentamente”, debido -entre otras razones- a la práctica de la violencia sin consecuencias “o con consecuencias banales”. Toma el ejemplo de la banda que asesinó a Spear y a su esposo: cuerpos de seguridad dijeron que la habían desintegrado varias veces, lo que Moreno critica porque “una banda se la desintegra una sola vez si eres policía y si eres el Estado”. El desorden “favorece que actúes libremente, jugando con los distintos desórdenes”, reprocha.“Cuando un acontecimiento social como este se deja a su libre desarrollo, se desarrolla y se amplía”, advierte, “y va captando a otros. Por eso es peligrosísimo”.

Todo empieza por las prácticas: “atracas, en pequeños grupos o en conexión con otros compinches y no tiene consecuencias. Entonces te afirmas en lo que estás haciendo y te afirmas en la manera de entender y de pensar. Empiezas a pensar que las cosas son así, que hay una forma natural de hacer las cosas así; que es lícito, que es normal hacerlo”. Así se forma “una mentalidad, una manera de ver que acaba por convertirse en una subcultura. ‘Yo soy así’. De unos años para acá han empezado a jactarse. Es más: pertenecer a esa cultura se convierte en un logro, se convierte en motivo de orgullo”. Ahora es, no una postura individual, sino una posición de grupo.

La vida humana merece, para la sociedad, un gran respeto. No así para los integrantes de esta subcultura. Ser malandro es “tener poder, y tener poder quiere decir tener todas las jevas que yo quiera, tener todo el dinero que yo quiera, tener el dominio de todos los que yo quiera”, describe. Los estudios de Moreno revelan que la gran motivación de estos delincuentes es imponer el ser respetados. “¿Cómo ven la vida? La vida como poder”.

-¿Y cómo ven la vida del otro, a quien se la quitan?

-Si tienes poder, la vida del otro está sometida a tu poder. En sentir que tienes poder. Eso lo decía Alfredo, uno de los sujetos nuestros, y en los otros también se nota eso como gran motivación: el tener poder.

-¿Eso los lleva a matar?

-Claro. ¿Qué mayor poder que ser dueño de la vida y de la muerte de otro? A uno le cuesta mucho pensar que haya gente de esta manera, pero cuando se convierte en una manera común de entender, y compartida, pues parece normal. Y ni siquiera se plantean la pregunta.

-¿No hay conflicto ético?

-No. Quizá al principio. Uno de los sujetos con los que trabajamos nos dijo: “La primera noche, con el primero que yo maté, no dormí”. Pero más que conflicto ético, es miedo, por la superstición de que “me va a salir el muerto”.

Matar se convierte, para ellos, en algo normal. Moreno cuenta que en la carretera vieja Petare-Guarenas, en diciembre pasado, personas que esperaban el autobús fueron ametralladas. “Es matar a cualquiera, es matar por matar. Es tremendamente preocupante y se está convirtiendo en un valor en esa subcultura, porque da prestigio, porque da poder y produce placer”.

LAS CAUSAS

El investigador es muy crítico de la actuación del Gobierno y del Estado para atender este fenómeno. Cita a uno de los muchachos que analizó en sus trabajos: “Tenía 17 años (con cinco o seis asesinatos), cae preso con otro de 21 que tenía 13 muertos. A este lo llevan al Rodeo, a los tres meses sale. El muchacho de 17 años se escapa del centro juvenil donde estaba recluido y dice, tan tranquilo: ‘Seguimos matando gente”.

Hay, acusa, “una impunidad que viene de la justicia”, hasta el punto de que “los malandros han aprendido a tener un fondo de dinero para cuando caigan presos”.

Su experiencia con algunos cuerpos policiales cuando detienen a un malandro dista mucho de ser buena: “A una persona le dan vuelta y vuelta hasta que pague. Los primeros que inventaron, a mi parecer, el secuestro exprés son los policías, con el ruleteo para que les paguen”.

A su juicio, “en todos los gobiernos hubo lenidad y no hubo compromiso, pero en este gobierno no ha habido ninguno. En estos años ha sido desastroso, por unas razones supuestamente teóricas: Porque dicen que son víctimas de la sociedad, son pobrecitos, son del pueblo. Pero yo creo que hay que saber distinguir; no se puede analizar una realidad como esta con ligereza y sin una profundidad de análisis”. No se trata de tener “una ideología de catecismo”, resume.

-¿No son víctimas de la sociedad?

-También, pero eso es un factor más. Lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que no tiene nada que ver la pobreza de origen con su conducta criminal, lo cual no quiere decir que la pobreza no sea un ambiente en el cual se pueden fomentar ciertas cosas, porque establece límites, cierra posibilidades; más que la pobreza personal, la pobreza ambiental. Pero no hay una relación directa, porque si no, todos los pobres serían malandros. Y desde el punto de vista ideológico, si tú eres de izquierda y estás diciendo que es por la pobreza, estás acusando a todos los pobres. La ideología ahí a veces juega al revés.

EL MODELAJE

Moreno opina que también ha influido la relación entre Gobierno-oposición, especialmente “por las autoridades de mayor prestigio” que “han atacado de palabra, pero de una manera sumamente violenta, han mostrado públicamente la violencia” con palabras y gestos. “La psicología social nos ha enseñado muy bien que la mayoría de las conductas se aprenden por el modelaje” y que “las personas de mayor prestigio: un futbolista, un gran artista, un literato de importancia, un presidente, un gobernador, son las que tienen mayor probabilidad de que sus conductas sean reproducidas”.
Puntualiza, no obstante, que esta reproducción “nunca es exacta” ni una copia al carbón, sino el resultado de un procesamiento. “Si muestras que puedes agredir al otro sin ninguna consecuencia”, enseñas que “eso se puede hacer”. El modelaje “facilita la emisión de conductas, facilita el aprendizaje de conductas”.

-¿Y la violencia de la exclusión?

-Las masas, que no son dirigentes o élites de los países, siempre han estado excluidas, y en Venezuela han estado excluidas siempre, marginadas, pero no había habido esta violencia. La exclusión hay que eliminarla por justicia, por derechos humanos y por dignidad humana, pero si vas a verla como fuente, como ambiente donde se da la violencia, puede ser, pero no es así en todos los lugares. La India, por ejemplo, y el mismo Haití, son ejemplo de ello. No se puede decir que haya una relación directa; hay otros factores que son más determinantes.

Moreno recuerda que en los años 80 del siglo XX “teníamos la tasa de homicidios común, el promedio mundial”, pero ahora, según cifras oficiales, el país cerró 2013 con una tasa oficial de 39 homicidios por cada 100 mil habitantes.

-¿Hay un punto de inflexión?

-Los puntos de inflexión son los momentos de desorden social, político y ético. Primer momento: 1989, con El Caracazo. Después de El Caracazo inmediatamente subió la tasa y se estabilizó. Otro momento: 1992, dos intentos de golpe. Hay un desorden institucional en sentido general: institución militar, institución política. Sube la tasa y se queda. Y luego, en 1998: ahí también hay un cambio completo, y sube.

El investigador habla, también, de la “imposibilidad de las instituciones”, y recalca que los jueces no tienen cómo atender tantos expedientes. “Es como una culebra que se muerde la cola, es un círculo vicioso”. Estima, además, que no hay una clara disposición del Gobierno “de tomar medidas en serio”.
Es verdad, añade, que la violencia “implica a toda la sociedad”, pero “cada uno hace lo que puede. La iglesia hace lo que puede con educación”, pero hace falta “un Gobierno que establezca los controles”. A su juicio, los planes implementados han fracasado. “¿Y voy a creer yo en otro plan?”, se pregunta.
PROPUESTAS

-¿Qué haría usted ya?

-La base para esto es algo que no se quiere hacer: distribuir el poder. No a las comunas, que no son poder autónomo, ni los Consejos Comunales, que no son poder. Me refiero a poder de la comunidad, poder autónomo de la comunidad.

Asegura: “Si yo tengo una especie de alcalde en mi barrio, con nombramiento y participación de toda la comunidad, con conexión con el Estado y con apoyo del Estado” será una forma de prevenir.
Un barrio “es una trama de relaciones”; allí el malandro tiene una mujer, los primos, los hermanos, los amigos. Esos vínculos sirven, por un lado, para ocultar, lo que “favorece la impunidad del malandro”, pero por otro lado sirve para influir y cambiar su personalidad, o encontrar formas “de neutralizar su acción”. La distribución del poder, argumenta, hace más manejable esa trama. Moreno cita los casos de Lima y de Bogotá, donde se crearon más municipios y “bajó la violencia”. Esa, aclara, “no es la solución total”, pero contribuye.

Igualmente incide la educación, que es eficaz como herramienta preventiva pero que hay personas a quienes no las cambiará. Se deben emprender acciones policiales, institucionales, pero “lo más importante sería la reforma completa de la justicia”.

¿Cómo desarticular la subcultura? “Eso requiere tiempo, y ahí es donde entra la difusión de valores, pero valores no solamente enseñados, sino practicados”, con la muestra de lo que es la otra sociedad. El problema, acota, es que “la otra sociedad” debe ser apetecible para ellos. “Debe ser apetecible para desarticular esa otra microsociedad, para que no tenga éxito y se muera por sí misma”. Pero también se debe garantizar que esa subcultura no tenga acceso a armas ni a drogas. “Es un trabajo completo, pero no ejercido por los ciudadanos comunes y corrientes, sino por el Estado”.

EL ROL DE LOS MEDIOS

El crimen Spear-Berry puso en el tapete de nuevo la relación entre delincuencia y medios de comunicación. Sobre este tema, Moreno subraya que “algo tiene que influir”, pero precisa que una película violenta es vista como una película por la población. “Cuando procesas la violencia, no en el marco de la verdad, sino en el marco de la fantasía, se queda como fantasía en la mayoría de la gente. Cuando algunos tienen tendencias, les influye indudablemente. Uno sabe del malandro que ha ido a ver tres o cuatro veces la misma película para ver cómo se dispara”.

Como investigador, acota que se han hecho mucho estudios “y no se ha llegado a ninguna conclusión clara”, aun cuando “siempre hay una sospecha”.

NO SON TANTOS PERO SU CAPACIDAD DE MUERTE “ES ASOMBROSA”

“Los malandros realmente activos en un barrio generalmente no pasan de 5 o 6, 10 cuando mucho. En un barrio de 8 mil habitantes 10 personas no es mucho. Es que la gente se cree que nosotros en Venezuela tenemos infinidad de malandros. No es verdad. No son tantos los malandros. Lo que pasa es que tienen una capacidad de muerte que es asombrosa. Tienen las armas que quieren, no tienen consecuencias negativas porque hay completa impunidad, tienen cómo moverse de un lado para otro. Tienen todas las facilidades. El porcentaje de delincuentes asesinos que nosotros tenemos no pasa del porcentaje de potenciales delincuentes de este tipo que pueda haber en cualquier sociedad. Lo que pasa es que en esas sociedades están controlados”.

“LA PENA DE MUERTE NO RESUELVE NADA”

Alejandro Moreno está en contra de la pena de muerte pero sabe que esos vientos soplan fuerte en una parte de la sociedad venezolana.

“Desgraciadamente cuando suceden hechos como el de Mónica Spear y su esposo, si preguntas si hay que poner la pena de muerte, más de 50% de los venezolanos te va a responder que sí”.
-¿Por qué usted les diría que no?

-La muerte de alguien nunca será justa. Además, no es necesario, para evitar el daño que cause una persona, matarla. Las instituciones y las sociedades modernas pueden tener medios para controlarlos. Si la persona está convertida en un criminal que se formó como tal, eso requiere un control especial, que puede ser la cárcel pero realmente cárceles. Nuestras cárceles son el mundo donde la violencia tiene su asiento, su difusión, su producción y su expansión.

La pena de muerte, insiste, “es injusta, porque no hay derecho a matar a nadie, sobre todo cuando se lo puede controlar”. Además, “la pena de muerte no resuelve nada; de hecho, en los países donde hay pena de muerte no ha disminuido la violencia, ni el eliminar la pena de muerte la ha aumentado, de manera que la pena de muerte no es eficiente”.

Moreno enfatiza que, por el contrario, la pena de muerte “puede servir para algo muy malo”, que es “el descargar la venganza no solamente de aquellos que son víctimas sino de la sociedad misma. La sociedad aprende que vengarse es lo que tiene que hacer, que vengarse es lo bueno, y eso difunde más violencia en el ánimo de la gran población, de la gran masa. La pena de muerte es dañina para la sociedad”.

El investigador entiende que esa sea la reacción, pero remarca que la pena de muerte no es lo justo. Por el contrario, subraya que se necesita control por parte del Estado.

T/ Vanessa Davies
F/ Avelino Rodrigues

Violencia, Institucionalidad y Democracia en Venezuela

Notas de clase (dos sesiones, curso 2013/2)

K. Cronick

La Democracia

Definición:

“Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles). Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios….” (Anónimo 3, s/f).

Las democracias por su misma naturaleza están abiertas a múltiples violaciones. Queda, sin embargo, como una virtud que en estos modelos de gobierno existan vías para vigilar, identificar y detenerlas.

Algunos tipos de democracia:

Liberal: “En muchos casos la palabra «democracia» se utiliza como sinónimo de democracia liberal. Suele entenderse por democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la Independencia de Estados Unidos de 1776 y luego más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las grandes monarquías absolutas y establecieron sistemas de gobierno en los que la población puede votar y ser votada, al mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado” (Anónimo 3, s/f).

Características de la democracia liberal: (Anónimo 3, s/f).

Una constitución que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un Estado de derecho.

División de poderes.

El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría de la población (sufragio universal).

Protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido que esta es la característica esencial de la democracia liberal.5

Existencia de varios partidos políticos (no es de partido único).

Libertad de expresión.

Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a las propias del gobierno que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.

Libertad de asociación.

Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco institucional de protección a las minorías.

A partir de lo anterior algunas estudiosos han sugerido la siguiente definición de democracia liberal: la regla de la mayoría con derechos para las minorías.

La socialdemocracia “es una versión de la democracia en la que se recurre a la regulación estatal y a la creación de programas y organizaciones patrocinados por el Estado, para atenuar o eliminar las desigualdades e injusticias sociales que, según consideran sus defensores, existirían en la economía libre y el capitalismo. La socialdemocracia se apoya básicamente en el sufragio universal, la noción de justicia social y un tipo de Estado denominado Estado de Bienestar. En general se ha presentado como ejemplo real de socialdemocracia al sistema de gobierno que predomina en los países escandinavos, sobre todo en Suecia” (Anónimo 3, s/f).

“Democracia monárquica: La monarquía constitucional es una forma de gobierno que caracteriza a varios países de Europa (Gran Bretaña, España, Holanda, etc.), América (Canadá, Jamaica, etc.), y Asia (Japón, Malasia, etc.). Las monarquías constitucionales varían bastante de país a país. En el Reino Unido las normas constitucionales actuales le conceden ciertos poderes formales al rey y los nobles (designación del Primer Ministro, designación de gobernantes en las dependencias de la Corona, veto suspensivo, tribunal de última instancia, etc.), además de los poderes informales derivados de sus posiciones” (Anónimo 3, s/f).

Democracia soviética (del primera década de la Unión Soviética): “Modelo de representatividad basado en la experiencia de la Comuna de París y en la superación en el grado de representatividad de la Democracia liberal .Esta Democracia directa parte desde los puestos de trabajo cotidiano, donde se eligen representantes en cada fabrica, taller, granja u oficina, con mandato revocable en cualquier momento. Estos delegados se constituyen en una Asamblea local (soviets) y luego mandaban su representante a la Asamblea Nacional de Delegados del Pueblo. Se le niega el voto y el poder político a la población que abarca a empresarios, banqueros y terratenientes, que ya poseen el poder económico. Por eso se dice que es Democracia obrera o Dictadura del Proletariado, ya que se aplica el poder político contra el poder económico instituido” (Anónimo 3, s/f).

Socialismo “real”: “Los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxista conocidos como «socialismo real» como Cuba poseen sistemas de gobierno que suelen utilizar la denominación de «democracias populares». Las llamadas «democracias populares» se caracterizan por estar organizadas sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado…. Por otra parte en las llamadas «democracias populares» actuales la libertad de expresión y de prensa [y la posibilidad de elegir candidatos no vinculados con el partido único] están restringidas y controladas por el Estado” (Anónimo 3, s/f).

El Estado democrático e institucional:  su relación con la violencia

Desde el comienzo es importante recalcar que la preocupación con los derechos humanos es un escrúpulo, algo que va modificándose en el tiempo y en términos de la vida humana sobre la tierra, es muy, muy reciente.

Es poco conocida la diferencia entre crimen y delito, la mayoría de las personas piensa que es lo mismo y utiliza ambos términos como sinónimos, cuando en la realidad, la palabra “delito” se usa genéricamente para aquellos actos que  rompen con la ley y la palabra “crimen” se refiere a delitos más graves.

El homicidio es considerado delito en todas las legislaciones, pero matar a otro es castigado como homicidio sólo bajo estrictas condiciones: que no se mate en una guerra, que no se mate ejerciendo una profesión (médicos, enfermeros, policías, jueces, ministros del interior, ministros de defensa), o que no se mate en legítima defensa.

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como: asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.  El crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende a la humanidad en su conjunto. (Crimen contra la humanidad. Wikipedia. Accesible en la página Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad).

Existen dos enfoques respecto a la responsabilidad culpable en la violación de los derechos humanos:  a) el que atribuye al Estado ser el único sujeto activo del crimen de violación de los derechos humanos y b) el que considera no sólo al Estado sino, además, a los particulares como agentes violadores de tales derechos.

En el Estado liberal, sin embargo, el individuo es últimamente responsable por sus actos. No se puede castigar un Estado, excepto por medio de la guerra o sanciones internacionales; quienes reciben castigo al final por “lesa humanidad” son las personas que liderizaron o participaron en estos crímenes.

Democidio: El gobierno mata a su propia población (incluye genocidio, politicidio y asesinato en masa).  No es necesariamente la eliminación de la totalidad de los grupos culturales, sino más bien grupos dentro del país que el gobierno considera deben ser erradicados por razones políticas y debido a las amenazas futuras. En esta categoría hay dos sub-categorías de interés:

Politicidio:  Homicidio con causas sociales.

Genocidio: Homicidio hacia una o varias personas por pertenecer a una raza, etnia, nacionalidad o religión determinadas.  A continuación: Ocho etapas de genocidio han sido acordadas por varios expertos en el tema:

1. Clasificación: se categoriza a la población en grupos (de acuerdo a su raza, origen étnico, religión o nacionalidad). La clasificación en las sociedades bipolares, tales como Ruanda y Burundi, a menudo termina en el genocidio por el gobierno o los grupos en el poder.

2. Simbolización: emparejado con el odio, es la segunda etapa del genocidio. Las sociedades regularmente identifican visualmente a los grupos; este acto, independiente de odio, no tiene ninguna causa de alarma. Sin embargo, los períodos de la historia en que los símbolos están vinculados al odio, distinguiendo grupos particulares de otros grupos con el único propósito de la degradación y el daño (la tercera fase), demuestran que la simbolización es un indicador de genocidio.

3. Deshumanización: En esta etapa, se toman medidas contra grupos de manera humillante y, a menudo, etiquetada como inhumana. Este sentimiento es llevado de diversas formas, incluidas la propaganda en todos los medios de comunicación, indicar el motivo por el que se lleva a cabo este etiquetado de determinados grupos como enemigos de la sociedad es necesario.

4. Organización: El genocidio es siempre organizado, con la misión primordial de la aniquilación. Por lo general, este plan es formal y organizado a través del Estado. Las milicias que están a menudo bien armados y entrenados suelen llevar a cabo la misión.

5. Polarización: El acto de la separación de grupos de interacción social que prohíbe de ningún tipo es la próxima etapa. A menudo los grupos que se separan no tienen voz; si los miembros tratan de hablar, que a menudo son castigados o asesinados.

6. Preparación: En esta etapa, los grupos que se han identificado y discriminado se colocan en las listas de muerte. Se convierten en víctimas, separados físicamente de la sociedad en general: se les colocan en guetos, campos de concentración, o se limitan a las zonas ingentes.

7. Exterminio: Esta etapa suele ser rápida, se procede al asesinato en masa del grupo discriminado. Esta etapa de "exterminio" se justifica por los asesinos ya que las víctimas ya han sido etiquetadas como no humanas.

8. Negación: sucede luego del genocidio. Los arquitectos del genocidio por lo general hacen todo lo que esté a su alcance para cubrir los incidentes de estos actos horrendos: la excavación de fosas comunes y la quema de órganos, intimidación a los testigos, negación de la delincuencia en su totalidad, y, a menudo, echar toda culpabilidad a las víctimas.

Estado forajido: Según John Rawls (1921-2002), "Estados forajidos“ son aquellos países que son incapaces absolutamente de sostenerse por sus propios medios y además son ingobernables. En ellos sus gobernantes no pueden ejercer control efectivo sobre su territorio, la población no los percibe como legítimos, el Estado es incapaz de proveer los servicios públicos y la seguridad interna indispensables, el gobierno no ejerce el monopolio del uso de las armas y de la fuerza y toda clase de individuos y grupos irregulares armados pululan por las ciudades y campos del país (http://www.laprensa.com.ni/2012/01/03/voces/85617-forajido).

Estado fallido: Según el escritor Noam Chomsky, un estado fallido es un estado que, por falta de capacidad o de voluntad, no protege a sus ciudadanos; que se sitúa al margen del Derecho Internacional y, por lo tanto, cree que puede actuar impunemente; o que sus instituciones democráticas carecen de auténtica sustancia republicana. Estados fallidos son países que, en apariencia, sólo existen en los mapas porque son considerados Estados muy frágiles, deficientes, fracasados, inestables o amenazados.   El término se usa para describir un Estado que tiene sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado. Tiene altas tasas de criminalidad, corrupción, un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política (http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fallido).

Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida por el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra.  Incluye consideraciones sobre los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles, y los genocidios son calificados como crímenes de guerra.

Antonio José de Sucre  en 1820, fue uno de los primeros en idear la posibilidad de normar la guerra: compuso el  Armisticio de Santa Ana que puede considerarse uno de los primeros tratados de los derechos humanos para los vencidos de guerra, y a pesar de que pareciera un oxímoron decir que la guerra y la civilización pudieron tener algo en común, según Bolívar, Sucre viabilizó la posibilidad de guerra entre pueblos civilizados.

Juan Bautista en 1870 declaró: El crimen de la guerra. Esta palabra nos sorprende, sólo en fuerza del grande hábito que tenemos de esta otra, que es la realmente incomprensible y monstruosa: el derecho de la guerra, es decir, el derecho del homicidio, del robo, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible; porque esto es la guerra, y si no es esto, la guerra no es la guerra. Estos actos son crímenes por las leyes de todas las naciones del mundo

Los principios y convenios internacionales sobre crímenes de guerra y lesa humanidad:

1.                  Los Principios de Núremberg -1945-1946.

Principio I: Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeta a castigo.

Principio II: El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona….

Principio III: El hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial responsable del Gobierno no le exime de la responsabilidad….

Principio IV: El hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un superior no le exime de la responsabilidad….

Principio V: Cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio justo ante la ley.

Principio VI: Los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como crímenes bajo las leyes internacionales….

Principio VII: La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad tal y como fueron expuestos en los Principios VI, es un crimen bajo las leyes internacionales.

2.                  Hay tres cuerpos legales que rigen sobre la noción de crímenes “lesa humanidad”.

1948, Declaración universal de los derechos humanos

1993, Declaración y programa de acción de Viena

1998, Estatuto de Roma, establecimiento de la Corte Penal Internacional.

Hay tres cuerpos legales que rigen sobre la noción de crímenes “lesa humanidad”.

3.                  1948= Declaración universal de los derechos humanos

4.                  1993= Declaración y programa de acción de Viena

5.                  1998= Estatuto de Roma, establecimiento de la Corte Penal Internacional.

Convenio de Ginebra (1949): Se trata de un acuerdo internacional sobre la conducta aceptable en la guerra, desde el tratamiento de los heridos y enfermos, instalaciones sanitarias como hospitales; el manejo adecuado para el personal médico y religioso y la prohibición de represalias. Fue dirigido a prevenir las condiciones del la Segunda Guerra Mundial, pero ha sido violado en muchos conflictos posteriores.

 “El derecho a la seguridad nacional es una prioridad. …. Hablar de inseguridad es hablar de deficiente desarrollo social, político, económico, desatención y descoordinación de las instituciones, y es hablar de corrupción, porque, en definitiva, es uno de los mayores factores que genera desigualdad y pobreza al sustraer recursos a su destino legal y al contribuir a que se genere una situación de desventaja para quienes  cumplen las normas y exigencias de la legalidad….. El derecho y la actuación constitucional del Estado es la mejor arma para combatir la inseguridad, la corrupción y la violencia derivada de aquellas” (p. 33, Prólogo, Garzón, en Tablante y Tarre).

El quebramiento de la democracia y los Derechos Humanos: Chile, Uruguay, Argentina

Chile, Uruguay y Argentina sufrieron en las décadas 70-80 del Siglo XX quebrantamientos constitucionales y subsecuentemente, una situación en que los Estados quedaron sin ley, abriendo la posibilidad a agresiones brutales contra sus ciudadanos. 

La Doctrina de Seguridad Nacional es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la "ocupación" de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales. Tales principios tuvieron diversas influencias y se propagaron y utilizaron de manera diferente en distintos lugares. Por ello la Doctrina no se sistematizó, aunque sí tuvo algunas manifestaciones claras, que sirven de base para definirla y entenderla. La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad. Además, al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región. Su importancia también radica en que se desarrolló por circunstancias ideológicas y políticas externas a la región y a las instituciones castrenses mismas. No cabe duda entonces de la necesidad de conocer más esas circunstancias, ya que han sido útiles para guiar el comportamiento militar más allá de las funciones que le son propias…. “La Doctrina de Seguridad Nacional es un fenómeno regional derivado de la influencia externa, pero con gran variación en sus manifestaciones particulares. A diferencia del viejo militarismo, la Doctrina de Seguridad Nacional -justificadora del nuevo militarismo- no se circunscribió a las sociedades donde se gestó. Afectó a las instituciones castrenses y a las sociedades de la región, aun a aquellas donde no hubo gobiernos militares. Naturalmente, las instituciones y sociedades más afectadas fueron las que crearon y aplicaron a plenitud la Doctrina de Seguridad Nacional, como es el caso de Brasil. Pero también fueron influenciadas instituciones militares que se mantuvieron subordinadas al poder civil y sólo acogieron de manera fragmentada las enseñanzas de esta doctrina, como sucedió en Venezuela y Colombia. Así mismo, hubo diferencias entre las instituciones militares de la mayor parte de los países de América del Sur y las del resto de América Latina. En general, los países suramericanos son más complejos y su ubicación geográfica tiene menor importancia estratégica. De hecho, en esta zona no ha habido intervención militar directa de los Estados Unidos. Estas y otras circunstancias condicionaron el efecto de la Doctrina de Seguridad Nacional en el proceso político de los distintos países del área.” (Leal Buitrago, 2003, párrafo 4).

Democracias inestables como Afganistán

Historia: “En los últimos años las guerras y los conflictos se han sucedido en el país. En 1978 tuvo lugar la Revolución de Saur, pero el fuerte hostigamiento de los fundamentalistas islámicos provocó la intervención del Ejército Rojo en apoyo del gobierno, mientras la guerrilla recibía el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones musulmanas. En 1989 se retiraron los soviéticos pero la guerra civil prosiguió. En 1996 los talibanes impusieron su régimen basado en la Sharia. En 2001 los Estados Unidos [y su coalición]…derribaron al gobierno talibán. [Esta acción fue autorizado] a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas…. [Se crearon] una fuerza internacional para ayudar al régimen del Presidente Hamid Karzai; pero no han conseguido estabilizar el país, que se encuentra inmerso en una guerra constante” (Anónimo 1 (s/f).

Existe en Afganistán un muy debilitado concepto de ley y legalidad

 “La situación política actual de Afganistán es compleja y confusa. Nueve años después del derrocamiento del movimiento talibán a raíz de la intervención en el país de la coalición liderada por los Estados Unidos a finales de 2001 (a finales de 1379 de la Hégira). En muchos aspectos Afganistán es un estado tan sólo nominalmente, habiéndose convertido en un protectorado de EE.UU., la OTAN y las Naciones Unidas. El Presidente Hamid Karzai y su Gobierno (instaurados por la comunidad internacional y posteriormente refrendados por el órgano legislativo elegido por voto popular en 2005) controla la capital y no mucho más del resto del país, que continúa siendo muy "inestable" (resistente al nuevo régimen). Existen aún focos de talibanes que buscan mantener e incrementar su poder regional. Las Naciones Unidas y otras organizaciones desempeñan un papel crucial en la reconstrucción del país…. En septiembre de 2005 se celebraron Elecciones Parlamentarias. 5 años después en 2010 fueron convocadas nuevamente.” (Anónimo 1, s/f).

Ley Sharía: La alternativa más fuerte a la ley constitucional en Afganistán es la ley Sharía dada la gran influencia suni en el país: “Así también, la cultura de Afganistán ha sido enormemente influenciada por el Islam, pero también en menor medida por el Budismo y el Zoroastrismo. El país ha sido un cruce de caminos a lo largo de la historia para la India, Irán y Asia Central, lo cual ha repercutido sobre su civilización. La mayoría de afganos (cerca del 99 por ciento) son musulmanes, de los cuales el 80-89% son suníes y sólo el 10-19% son chiíes. Existe una pequeña minoría de sikhs en la nación” (Anónimo 1, s/f).

Siria

“Su forma de gobierno es la república unitaria semipresidencialista, actualmente el país está sumida en una guerra civil desde hace más de dos años…. se había convertido en un conflicto muy violento y sangriento, preocupando enormemente a la comunidad internacional. Para el año 2013, todo el país estaba inmerso en una guerra brutal; cada rincón de Siria era escenario de disputa entre los rebeldes y el gobierno, lo que traía consigo batallas desproporcionadas y bombardeos indiscriminados. Estos hechos, a su vez, han causado la muertes de miles de personas y un éxodo masivo de la población hacia naciones vecinas, además, los combates han causado la destrucción de muchas ciudades y de milenarios patrimonios importantes para Siria. Naciones Unidas ha informado que los muertos en el país son más de 100.000 y el número de refugiados asciende a 2.000.000…” (Anónimo 5, s/f).

Rusia

 “Gobierno formal: Según la Constitución, que fue adoptada en referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993 después de la crisis constitucional rusa de 1993, Rusia es una federación y una república semipresidencialista, donde el Presidente es el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno (primer ministro) es el Jefe de Gobierno. La Federación Rusa está constituida como una democracia representativa. El poder ejecutivo se ejerce por el gobierno. El poder legislativo es responsabilidad de las dos cámaras de la Asamblea Federal. El gobierno se regula por un sistema de controles y balances definidos por la Constitución de la Federación Rusa, la ley fundamental del país y el contrato social para el pueblo de la Federación Rusa” (Anónimo 2, (s/f)).

Gobierno existente: “En Rusia ha habido avances indudables desde la caída de la Unión Soviética, aunque todavía queda mucho por hacer. Existe una democracia aparente bajo un autoritarismo oculto, asegura a Teinteresa el periodista y experto en derecho internacional, Salvador de Pedro Buendía…. Putin adoptó a su llegada formas democráticas, pero reteniendo el control social y controlándolo todo gracias a un gran despliegue de la policía secreta. “Favorece a los empresarios que le son afines y persigue a los que no”, cuenta el experto, quien sostiene que el líder ruso “compra empresas que están en una mala situación, les reduce el capital y las vende por nada a su círculo de confianza”. “La corrupción es galopante, en la política, en el poder judicial… todo se compra y se vende”, denuncia Buendía, que apunta que en Rusia los abogados tienen poco trabajo porque en cuanto alguien tiene un problema directamente soborna al juez….. En Rusia siguen obsesionados con el espionaje. “Hay policía secreta por todos lados”,  para mantener el statu quo de la corrupción. La libertad de prensa también está en entredicho. Oficialmente, sí existe, pero en la práctica las críticas al gobierno han provocado la desaparición de periodistas. “Es fácil conseguir un sicario”, asegura el experto. ” (Briz, 12/12/11).

Los Estados Unidos

Es regido por la democracia liberal en los sentidos formales y reales. Ha habido manipulaciones ilegales y extralegales de esta institución sobre todo las que se relacionan con el complejo militar e industrial y las agencias de espionaje (ver también Halperin y Berman, 1976).

Hay actualmente entidades gubernamentales como el Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency –NSA) cuyas brechas legales y éticas recién fueron revelados por el ex contratista Edward Snowden. Es interesante que dentro del sistema liberal de la democracia normalmente son los activistas y los denunciantes que, a veces actuando al margen de la ley, logran frenar abusos e iniciar cambios.

“Hay reglas estrictas [ilegales y no constitucionales] que rigen lo que los funcionarios electos pueden decir porque tienen autorizaciones de seguridad de alto nivel. El senador Ron Wyden dice que no pueden negar lo que saben mentiras por parte de altos funcionarios gubernamentales. Wyden dice que hay una" ley secreta que oculta, por ejemplo, los programas de espionaje….”  (Reitman, 15/8/13). Recién los estadounidenses han descubierto un poco, gracias a la ex contratista de inteligencia Edward Snowden, quien filtró los detalles de una serie de programas de vigilancia de la NSA a la prensa.

La República Bolivariana de Venezuela

Consideraciones sobre la observancia de la Constitución de 1999:

 Venezuela está constituida como un Estado federal y democrático. “… la forma de Gobierno es la de una República presidencialista, encabezada por el Presidente de la República: funciona Jefe del Estado y Jefe del Poder Ejecutivo Nacional a la vez. La soberanía, la cual reside en el pueblo, se ejerce de dos maneras: directamente a través de la Constitución misma y de la ley, e indirectamente, mediante el sufragio…. El Presidente tiene la facultad de dirigir las acciones del Gobierno.” (Anónimo 4, s/f). El gobierno está dividido en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano. Este último se ejerce el Consejo Moral Republicano, conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo.

 A continuación cito algunos artículos de la Constitución cuya observancia ha sido cuestionada.

Artículo 46:

#2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

#4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.

Artículo 49: #2. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado….

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Artículo 233: Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución.

La historia institucional de Venezuela:

Según Darcy Ribeiro (1992, p. 276) “La utopía unitarista y generosa de Bolívar da lugar a la automización… La capa más rica de la población criolla… [r]eparte entre sí los latifundios de los españoles desterrados, se apropia de  las minas de metales y salitre y las otras “minas” representadas por las rentas de las aduanas y estancos. Investida de las dignidades políticas, judiciales y eclesiásticas, distribuye los cargos burocráticos menores entre los protegidos que comienzan a multiplicarse como la clientela del nuevo poder. Así se constituyen los estados nacionales en toda América española después de la independencia. No fue la conquista de burguesías nacionales capitalistas y maduras, opuestas a las fuerzas sociales retrógradas, ni del pueblo contra la oligarquía, sino la apropiación por parte del patriciado criollo de la maquinaria de dominio y extorsión colonial montada por España….”

Dice Darcy Ribeiro: “El ciclo final se desarrolla en nuestros días. Es el de la rebeldía contra el orden social impuesto por las oligarquías locales y sostenidas por los intereses extranjeros establecidos en la región…. Esta situación se manifiesta de mil maneras: en la inestabilidad política, en el golpismo, en las dictaduras, en las guerrillas. Pero, principalmente se expresa por la irrupción de la violencia como una disfunción sociopolítica que asume las formas más sangrientas, donde el pueblo se lacera en querellas aparentemente fútiles que son en realidad una forma de represión masiva…. (Ribeiro, 1992, p. 267). “Al contrario de lo que ocurrió en Colombia, no surge en Venezuela un patriciado que se distinga de los caudillos y del patronatos, habilitado para organizar constitucionalmente el nuevo Estado. Lo que allí se implanta son gobiernos autocráticos que dirigen la vida nacional a lo largo de 150 años…. Distintas facciones caudillistas aglutinadas por áreas, como las andinas, litoraleñas y llaneras, pasaron a disputarse el poder, contando cada una con sus propias tropas para la lucha y para el mantenimiento del orden oligárquico contra los disconformes de su región. Así se impuso primero un caudillo de los llanos, José Antonio Páez… que ejerció el poder personalmente o por intermediarios, hasta mediados del siglo XIX (1863). Siguieron dictaduras militares que transformaron al Ejército Nacional en guarnición policial… cuya fidelidad se aseguraba con toda suerte de sobornos a la oficialidad…. Llega a 38 el número de revoluciones producidas en Venezuela [en el Siglo XIX]. En tales circunstancias, el proyecto de Estado que se impone efectivamente en Venezuela tenía como institución política única, el ejército, y hacía del erario público una especie de hacienda gigantesca más lucrativa que los cultivos, la ganadería, o el comercio, y cuyo dominio pasó a ser la aspiración natural de los caudillos más poderosos….-“ Ribeira, 1992, p. 282-283).

Monagas, elegido presidente en 1846 “entendía la aproximación al liberalismo como una operación de corrupción política en gran escala; en buena medida tuvo éxito en ella…” (Halparín, 1986, p. 229). Luego volvió el anterior presidente Páez como “levantado” dirigiendo la “resistencia azul” –o conservadora-. Después vino Antonio Guzmán Blanco con sus reconocidas reformas (“transporte,  codificación y reforma  de derecho privado, laicización del matrimonio y los cementerios, supresión de órdenes religiosas, avances en la organización de la enseñanza elemental” –Halperin, 1986, p. 230) y también su autoritarismo y su culto de personalidad revelada por colosales estatuas del mandatario que adornaban las plazas de Caracas y que periódicamente eran derribadas por sus opositores y vueltos a erigir por quienes le apoyaban.

Hubo levantamientos que atormentaban a los presidentes electos y sus administraciones que pueden describirse tanto como progresivas y como otros abiertamente corruptos. Por ejemplo, al promediar el siglo XIX la economía se derrumba a causa de la caída de los precios de café, y Guzman desplaza a Monagas.

En 1889 Guzmán salió del poder: ahora el ejército “que había hecho la revolución federal, [se atrincheró como] el verdadero dueño de la política venezolana y los dueños del ejército eran oficiales reclutados entre las clases altas  de las zonas más pobres y arcaicas de Venezuela….” (Halperin, 1986, p. 230).

Según Ribeiro (1992, p. 283): “A fines del siglo asume la presidencia otro caudillo, Castro (1899-1908)…. Bajo su dominio el deterioro llegaría a un punto extremo, y lo ocasionarían los emprésitos expoliatorios de banqueros europeos las concesiones más lesivas y la corrupción generalizada.

La primera mitad del Siglo XX fue marcado por dictaduras corrompidas casi sin interrupción (con la excepción del final de la década de los años 30 y el comienzo de la 40). La democracia actual se instaló después de la caída de Pérez Jiménez  en 1958 después de un tiempo de transición.

Un resumen de la institucionalidad venezolana no puede ignorar a Juan Vicente Gómez. Dijo Domingo Alberto Rangel (1980, p, 10) que “El Benemérito cometió todos los delitos, incurrió en todos los abusos y superó todos los records de la barbarie…. [y sin embargo] Los demócratas que hicieron su carrera acusando a Gómez han llegado desde el Poder a crímenes muy semejantes….” Dice Darcy Ribeiro (1992, p. 283): En 1908 asalta la presidencia el caudillo Jan Vicente Gómez…. que se habría que manifestar como el más siniestro de los dictadores latinoamericanos. Permaneció en el poder por 27 años….. [I]naugura un nuevo estilo…. [Compraba]  los latifundios y [multiplicó] el ganado, sector en que sólo tenía competidores nacionales eventualmente encarcelables….. Gómez les abre las puertas [a las empresas petroleras extranjeras] … (p. 284): Venezuela se vuelve cada vez más dependiente de las importaciones…. Lo mejor de la intelectualidad del país es condenada a trabajos forzados o al exilio.” Gómez murió en el poder en 1935.

Hubo una multitud en las calles “poseída de un sentimiento incontenible de libertad” (Ribeiro, 1992, p. 285). “En medio  de todas estas maniobras, al llegar las anunciadas elecciones ascendió a la presidencia otro oficial gomecista, el general Medina…. A pesar de sus antecedentes, el nuevo gobernante comprendió que ya no era posible contender al ola de las aspiraciones populares de libertad y progreso con la simple represión policial y apartándose de la derecha, asume actitudes democráticas y anuncia un ambicioso plan de desarrollo” (p. 286).

El crimen organizado y su relación con el Estado

Sube [luego] al poder una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, integrada por otros cuatro civiles y dos militares…. comienza por sanear el medio político con la congelación de los bienes de 150 colaboradores de los antiguos gobiernos….”(Ribeiro, 1992, p. 287). Luego en elecciones gana la presidencia Rómulo Gallegos con 85% de los votos, pero “pocos meses después sobreviene un golpe militar” donde asumió el poder Pérez Jiménez. “Vuelve Venezuela a lo política de Gómez…. Siguiendo la huellas de Gómez, acumuló una fortuna superior a los 250 millones de dólares, con la que consiguió huir del país al ser depuesto en 1958” (Ribeiro, p. 288-289). Como señala Torres (2009/2011, p. 37) “en ciento veintiocho años de historia [desde 1830 hasta 1958], solamente diez estuvo la Presidencia en manos de civiles”.

“En elecciones realizadas en 1959, asume la presidencia Rómulo Betancourt” (Ribeiro, 1992, p. 289).

Héctor Malave Mata (1987) ha examinado el comportamiento económico y del poder en Venezuela en el periodo que abarca 1973-1983 que comprende las presidencias de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, encontrando enormes desfalcos e ilegalidades sobre todo en el gobierno de Herrera.

Se ha publicado una historia en tres volúmenes de la corrupción en Venezuela (Capriles, Capriles y Díaz (1992); En él (¡sólo considerando la tercera volumen!) los redactores revisen 86 instancias de manejos dolosos, incluyendo  doce referencias a RECADI. Se podría decir que lo interesante no es la acumulación tan abultado de casos en un periodo tan corto (cinco años), sino la posibilidad de examinarlos en tanto detalle, algo que ocurre exclusivamente en una democracia. Se trata de las presidencias de Jaime Lusinchi y la primera parte de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Están involucrados gobernantes, funcionarios de la administración pública, sindicatos, partidos políticos, militares empresarios y contratistas. Ramón Escovar Salom entró en la Fiscalía de la República en 1989 y entre otros blancos de sus investigaciones señaló a una gran parte del sistema judicial: “fueron despedidos, amonestados, investigados, acusados, sancionados, multados, etc., centenares de jueces en todo el territorio nacional” (Capriles et al, 1992, p. 12). “Luego seguirían los abogados, los tribus del poder judicial…. Paralelamente van cayendo los… políticos…. (Carriles et al. p. 13).

Según el informe del 2013 del Observatorio Venezolano de Violencia hubo “24.763 muertes violentas en el país y una tasa … de 79 fallecidos por cada cien mil habitantes”.

El Poder público: Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Independencia judicial: “Sin duda la independencia judicial es el baluarte de una adecuada gobernabilidad, y esa independencia de proclamarse tanto del poder político (ejecutivo, legislativo, los propios partidos políticos), como económico (entidades financieras, bancos, corporaciones empresariales)” (p. 39, Prólogo, Garzón, en , Garzón, en Tablante y Tarre).

El Estado y la delincuencia

¿Qué es un Estado delincuente?

“una mezcla de intereses, un cierto maridaje que, partir de lo económico, rompe cualquier deferencia en el campo de lo político e ideológico para facilitar el cruce de negocios ilícitos” (Tablante y Tarre, 2013, p. 35).

¿Cómo afecta la institución de la democracia? En el primer lugar se debilita el monopolio sobre la violencia por parte del gobierno. Segundo se creen prácticas extra- y para- legales que actúan con impunidad y debilitan la observancia de ley y el respeto para la misma. Tercero, aún en países con bajo respeto para los derechos humanos, en un Estado sin ley la observancia de dichos derechos de decae aún más; cuarto, otras instituciones como la escuela se vuelvan más frágiles; y quinto, organización laborales e inclusive las comerciales quedan sin respaldo en el momento de actuar.

“La permisividad por parte de un Estado en la expansión del fenómeno o la connivencia con el mismo pueden suponer a medio y largo plazo la desaparición del propio Estado o el riesgo de una inseguridad generalizada que acabe con la sociedad y la convivencia democrática.” (p. 21, Prólogo, Garzón, en, Tablante y Tarre).

Tablante y Tarre (2013) citan dos fuentes que describen la destrucción del Estado por el crimen organizado:  Joaquín Villalobos considera que: “Las debilidades y vacíos de Estado generan oportunidades para actividades criminales… La violencia ha sido históricamente determinante en la construcción del Estado y sus instituciones. El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estado. Monopolio implica inexistencia de poderes armados que cuestionen la autoridad en el territorio y, en la actualidad, legitimidad implica respeto a los derechos humanos….. Ahora estamos frente a una violencia criminal que ha evidenciado debilidades de los Estados y que, igual, obliga a construir institucionalidad, no importa que los delincuentes no tengan propuesta política [como tienen los insurgentes políticos]. Los problemas de ineficiencia e insuficiencia de las policías, funcionamiento de la justicia, calidad de las prisiones, ausencia de Estado en el territorio y pobreza y desatención social a la población con proclividad al delito son, en algunos países, gigantescos…. En la mayoría de los países la seguridad está en manos de instituciones no reformadas, heredadas del autoritarismo. Los regímenes autoritarios delegaron en personas violentas el monopolio de la violencia en representación del Estado. Policías y ejércitos se llenaron de matones, ignorantes y corruptos, mal pagados pero leales al poder. …. No ha existido una barrera moral entre autoridades y delincuentes…. (Joaquín Villalobos,  2012,“Ilegación del oro y legalización de las drogas, en El País, citado por Tablante y  Tarre, 2013, p. 430).

Por su parte Roberto Briceño León, Olga Ávila y Alberto Camardiel dicen: “…no es la pobreza lo que ocasiona la violencia, sino la falencia institucional; no es el desempleo, sino la impunidad; no es la desigualdad, sino el elogio de la violencia de los líderes; no es el capitalismo, sino el quiebre de las normas que regulan el pacto social” (en Tablante y Tarre, 2013, p. 423).

“Según Yry Fedotov, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y delitos, la delincuencia genera en todo el mundo 2,1 millardos de dólares en ganancias cada año, situación que pone el crimen entre las peores 20 economías del planeta” (Cuentas Claras digital, 24/4/12 en Tablante y Tarre, 2013, p. 428).

La relación entre delincuencia organizada e inseguridad ciudadana:

“…la delincuencia transnacional organizada empezó a evidenciarse en Venezuela ya en la década de los 80. La presencia del Clan Cuntrera-Caruana, la de múltiples capos italianos y colombianos, era un hecho constatado. Las diferentes operaciones antinarcóticos como la Osso Due, la de Molinos de Viento, la Orinoco, la avioneta decomisada en Canarias más recientemente entre otros muchos casos, demuestran que Venezuela no fue ni es inmune al influjo e instalación de las estructuras del crimen organizado, amparado en la tranquilidad de la transnacionalización de la delincuencia organizada” (pp. 21-22, Prólogo, Garzón, en Tablante y Tarre).

“Está también en las calles, detrás del buhonero para vender un CD pirata de música, en los quioscos de periódicos que comercian DVDs que son copias ilegales de películas, en la falsificación de marcas, en la reventa de productos subsidiados, en el robo y hurto de vehículos, tráfico de armas y de personas, en el negocio especulativo en torno al diferencial cambiario ….” (Tablante y Tarre, 2013, p. 40).

“Venezuela se ha convertido en un centro muy importante de lavado de dinero y tráfico de drogas, armas y personas. El volumen de estas actividades es tan enorme que no sería posible sin la complicidad de algunos militares y civiles allegados al poder. …” Naim, 2011, en (Tablante y Tarre, 2013, p. 43).

 “…entre 34,4% y 55,1% de los homicidios que ocurren en el país están relacionados con delincuencia organizada” (Tablante y Tarre, 2013, p. 36).

Referencias

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EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA, SEGÚN ROBERTO BRICEÑO LEÓN

Tomado de A. Sanabria de Facebook, 8/01/2014



Hasta 1988 las muertes violentas en Venezuela no superaban los 1.600 casos por año y la tasa máxima había sido 9 por 100.000 hab. Desde febrero de 1989 los homicidios han venido creciendo sin control. Venezuela está hoy entre los países más violentos del mundo.

ETAPAS DE LA VIOLENCIA

Roberto Briceño León estructuró el tema de la evolución de la violencia en Venezuela, desde la perspectiva de la relación entre el número de homicidios y los cambios experimentados por la institucionalidad venezolana, en tres etapas de su evolución.

La primera etapa corresponde a la crisis institucional ocurrida entre 1989 y 1993. Esta etapa se inicia con los sucesos del llamado Caracazo –revuelta popular, enfrentamientos entre los pobladores y represión del Ejército–. Estos hechos generaron la trágica experiencia de muertes masivas, a partir de las cuales se modificaron las tendencias de crecimiento de los homicidios que, hasta 1988, no superaban los 1.600 con una tasa máxima de 9 por 100.000 habitantes.

El saldo de las víctimas fatales resultante de los mencionados sucesos, sumó 2.513 fallecidos y la tasa se ubicó en 13 por 100.000 habitantes, manteniéndose desde entonces y hasta 1991 un nivel similar de la tasa de homicidios.
Para Briceño León, el Caracazo significó la pérdida de vigor de las normas sociales que hasta ese momento habían regido la vida urbana del venezolano y con ello, la ruptura de una parte importante del pacto social.

Tres años más tarde, la crisis institucional se profundiza con los intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992. Éstos, a diferencia de la explosión civil de 1989, fueron alzamientos de militares armados y las armas fueron disparadas contra otros venezolanos.

Durante ese año, la cifra de homicidios ascendió a 3.336 y la tasa paso a 16 por 100.000 habitantes.
“El mayor impacto de estos acontecimientos fue el desmoronamiento institucional que provocó cambios significativos en el pacto social: la instauración de la violencia como herramienta para alcanzar las metas individuales, la banalidad de las leyes y las normas sociales, y el desprecio por las reglas del juego político y social”, expresa Briceño León.

En 1993, por primera vez, se cometieron en el país 4.292 homicidios y la tasa ascendió a 21 por 100.000 habitantes. En esos años un Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, fue juzgado y destituido, los partidos políticos perdieron fuerza y el desconcierto institucional se apodero del país. La población se mostraba temerosa todo el tiempo esperando una nueva asonada militar en cualquier momento.

POR LAS CAUSAS PERDIDAS

El Gobierno interino de Ramón J. Velásquez (1993) inició un esfuerzo por salvar la institucionalidad del país, mediante el fortalecimiento de las instancias políticas y administrativas regionales; esta fase de rescate institucional se profundizó entre 1994 y 1998.

Durante este período el Gobierno procuró estabilizar el país y recuperar la institucionalidad y la tranquilidad que se había perdido. Sin embargo, el Gobierno de Velázquez tuvo que enfrentar, por un lado, la crisis bancaria que se inicia a comienzos de 1994 y , por otro, el aumento de los homicidios –441 respecto año anterior–, alcanzando éstos a 4.733, con una tasa de 22 por 100.000 habitantes.

En ese ejercicio presidencial se logró detener el crecimiento de los homicidios a pesar de que como señala Briceño León “la legitimidad de la división social y la norma de respeto al otro habían sido rotas con El Caracazo, la legitimidad política se había hundido con los dos golpes de Estado y la destitución del Presidente” y de que, en febrero de ese año, había explotado la mayor crisis bancaria del país. Para fines de 1994 se registraron a 4.530 muertes violentas –203 menos que al inicio– y la tasa fue de 20 por 100.000 habitantes. Esto, en medio de la turbulencia de los años precedentes significó que el Gobierno había logrado el propósito de recuperar la institucionalidad.


SUBEN LAS TASAS ...BAJA LA MORAL

El período comprendido entre 1999 y 2010 lo define Briceño León como la fase de destrucción institucional.
Luego de cuatro años de estabilización de las tasas de homicidios que logró el Gobierno de Velázquez, en 1999 se registraron 5.968 muertes violentas (1.438 más que el año anterior), con una tasa de 25 por 100.000 habitantes. Para 2000 el número de fallecidos se elevó a 8.022; en 2001 se mantuvo casi igual con 7.960; en 2002 vuelve a incrementarse la tasa de homicidios y llega hasta 9.617, para cobrar mayor impulso en 2003 y alcanzar la trágica cifra de 11.342 víctimas de homicidio.

Entre 2004 y 2005 hubo un ligero descenso de la mortalidad homicida (de 9.964 a 9.719, para una tasa de homicidios de 37 por 100.000 habitantes). Sube otra vez en 2006, año cuando se registraron 12.557 víctimas de homicidio con una tasa de 45 por 100.000; siguiendo la espiral de crecimiento por tres años consecutivos: En 2007 (13.000 homicidios con una tasa de 48 por 100.000 habitantes); en 2008 (14.000 homicidios); y en 2009 (reflejada por Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana) fue de 19.000 homicidios con una tasa de 75 por 100.000 habitantes. Y aunque en 2010 desciende ligeramente y según el Observatorio Venezolano de Violencia, se ubicó en 17.600 homicidios para una tasa todavía muy elevada de 57 por 100.000 habitantes.
Para Briceño León la explicación a este aumento desmedido de la violencia está en la institucionalidad.

Desde el mismo momento de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez, se produjeron diferentes eventos que trastocaron los esfuerzos de rescate y estabilización de la institucionalidad que, aunque frágilmente, habían dado resultados esperanzadores.

“El acto mismo de posesión, en el que el Presidente electo aceptaba y no aceptaba la legalidad que lo había investido de primer mandatario y juraba ante la moribunda constitución; seguido de un discurso en el que afirma que si alguien tenía hambre podía y era legitimo robar. Produce un quiebre normativo de profundo impacto social.” (Briceño León,.”Tres fases de la Violencia”, Foro Debates IESA)”.

A esto se adiciona el conflicto político de 2002 y 2003 –los despidos de empleados públicos; la renuncia y el regreso del Presidente; el paro nacional de trabajadores y de PDVSA, y la paralización del país–, que contribuyeron a la desarticulación del pacto social.

Pero, además, se debe recordar que durante todo el período, la política de seguridad ciudadana ha consistido en evadir la represión del delito y, tratando de evitar los excesos policiales, desarmó a las policías.

La consecuencia ha sido el debilitamiento de la política de seguridad ciudadana, porque al haberse eliminado el elemento coercitivo las policías quedaron prácticamente inhabilitadas, por lo tanto disminuyeron las detenciones, se trastornaron los procesos judiciales y aumentó la impunidad del crimen.

Briceño afirma que en 1998 “por cada cien homicidios se realizaron 118 detenciones. Esa cifra bajó drásticamente y para los años 2006, 2007 y 2008 hubo apenas nueve detenciones por cada cien homicidios.” (ver Observatorio Venezolano de Violencia, 2010).

Esto significa que “en 91% de los homicidios no hubo detención y por consiguiente no hubo un proceso judicial y mucho menos una condena.” (Observe las cifras de homicidios para esos años).

Finalmente cabe agregar que durante esta fase, se popularizaron los mensajes de elogio a la violencia, a la muerte, a las armas y a la guerra. Mensajes que fueron difundidos por personas investidas de autoridad y fueron repetidos masivamente. De modo que se debilitaron los mecanismos de solución pacifica de conflictos y , en su lugar, quedó fomentado el uso de armas, la fuerza y la violencia, como comportamiento, forma de comunicación, estrategia de negociación y de arreglo de conflictos.


1) La estrecha colaboración entre el gobierno nacional y el gobierno local, que implicó la creación de instancias y programas de concertación, coordinación y aprendizaje con miras a atender el problema de la inseguridad en la ciudad;
2) La aplicación de una estrategia centrada en la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Esto llevó a organizar y ejecutar una serie de operaciones militares y programas de desmovilización y desarme de los grupos armados en la ciudad a comienzos del siglo XXI, con el objetivo de “retomar” la ciudad y contrarrestar los concurrentes episodios de violencia;
3) La constante inversión en la modernización y transformación de los organismos de seguridad y justicia, específicamente inversiones en personal y tecnologías, en dotación de infraestructura, armamento y transporte y, en propiciar una relación de confianza entre los organismos de seguridad y la comunidad; y
4) La conquista y dignificación de los espacios públicos para la ciudadanía, específicamente aquellas zonas de la ciudad que habían estado ocupadas y sometidas durante muchos años por grupos armados."


(Tomado de: “Seguridad ciudadana en Venezuela ¿Por qué no?”. VenEconomía Mensual / Noviembre de 2011. isponible en: http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp7100_5505.pdf)